En el Congreso de la Ciudad de México se presentó una iniciativa que va en contra de la arquitectura hostil y que busca fortalecer la obligación de las 16 alcaldías capitalinas para que garanticen espacios públicos incluyentes, con la finalidad de reducir las desigualdades.
En la Sesión Ordinaria del jueves pasado, la diputada Brenda Fabiola Ruiz Aguilar subió a la tribuna para explicar que se trata de reformas a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para establecer expresamente que las demarcaciones deben evitar ese tipo de arquitectura y elementos urbanos que excluyan a las personas.
Detalló que dicha propuesta se inscribe en la visión de urbanismo social que impulsa el Gobierno de la Ciudad de México que concibe el espacio público como un instrumento para reducir desigualdades, recuperar la convivencia comunitaria y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de toda la población.
Expuso que transformar parques, plazas, calles y espacios comunitarios no significa sólo intervenir físicamente el territorio, sino construir una metrópoli más justa, incluyente y accesible, sobre todo para aquellas personas que han enfrentado mayores barreras para disfrutarla.
La legisladora de MORENA recordó que la Constitución Política capitalina reconoce el derecho a la ciudad como el uso pleno y equitativo de ésta, bajo principios de justicia social, igualdad, inclusión y distribución de los bienes públicos.
En ese contexto, definió a la arquitectura hostil como aquellos elementos urbanos diseñados para impedir, dificultar o desalentar que determinadas personas permanezcan, descansen o utilicen de manera legítima un espacio público. “Esta discusión no es solamente arquitectónica; es una discusión sobre derechos humanos, justicia social y sobre el tipo de ciudades que queremos construir”.
Ruiz Aguilar indicó que la Ley Orgánica de Alcaldías ya establece responsabilidades relacionadas con la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, recuperación y defensa del espacio público, pero que su iniciativa busca reforzar ese mandato.
Precisó que se considerará arquitectura hostil a aquella que, sin una justificación objetiva, razonable y proporcional, tenga como objetivo restringir la circulación, permanencia, descanso, convivencia o utilización legítima del espacio público. Ello, añadió, porque se busca la protección de los derechos de la gente.
Sostuvo que las modificaciones al citado ordenamiento cobran relevancia frente a las desigualdades que aún atraviesan las ciudades, pues replicar modelos urbanos diseñados para ocultar la pobreza no elimina ésta, sino que desplaza sus efectos fuera de la vista.
“Sigamos construyendo espacios públicos para convivir, no para excluir; sigamos haciendo de la arquitectura una herramienta de inclusión y no una frontera contra los más vulnerables”, concluyó la morenista.
Al finalizar su intervención, la Mesa Directiva dio a conocer que la iniciativa sería turnada a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites Territoriales, para que sea analizada y dictaminada.
