El Perú entra a un nuevo centenario de su independencia con enormes retos en materia de inclusión urbana, y con una Ley de Desarrollo Urbano Sostenible recientemente promulgada, que le brinda un marco jurídico a la planificación urbana y a los instrumentos de gestión y financiamiento urbano. En ese sentido, nos gustaría plantear los que consideramos los principales retos para el nuevo gobierno en esta materia.
Como hemos visto en los diversos episodios del podcast “Ciudades que Inspiran”, las ciudades no son entidades ajenas a nosotros, o espacios que encontramos y habitamos, sino son la materialización de lo que somos como sociedad. Por ende, representan tanto las cosas que nos enorgullecen, como las que aberramos y combatimos. En ese sentido, el principal problema de las ciudades del Perú es que, producto de las enormes desigualdades de nuestra sociedad, no están ofreciendo un soporte adecuado para el íntegro desarrollo de las y los ciudadanos, afectando su vida y las posibilidades de poder alcanzar sus sueños, y dañando de forma casi irreversible nuestro ambiente y ecosistemas.
“El principal problema de las ciudades del Perú es que, producto de las enormes desigualdades de nuestra sociedad, no están ofreciendo un soporte adecuado para el íntegro desarrollo de las y los ciudadanos, afectando su vida y las posibilidades de poder alcanzar sus sueños, y dañando de forma casi irreversible nuestro ambiente y ecosistemas.”
“Lamentablemente, las políticas públicas se han reducido a formalizar la ocupación ilegal del suelo y estimular la construcción de viviendas; como si la vivienda fuera un fin, y no sólo un medio para alcanzar el bienestar que se persigue en nuestra constitución y en los grandes acuerdos globales.”
Ese estímulo involuntario a la informalidad ha hecho que las ciudades se expandan sin mayor control, haciendo muy difícil planificar su desarrollo, y que la inversión pública sirva para reducir las brechas estructurales que padecemos.
La constante creación de distritos debilita la gobernabilidad, pues los recursos se dividen y la burocracia aumenta, perdiendo la capacidad de invertir en obras y de tener personal calificado para la gestión. Ni hablemos de crear nuevas provincias.
Los programas habitacionales del Ministerio de Vivienda están enfocados en el costo, para lo cual el suelo y la construcción deben ser baratos. Ello ha hecho que los conjuntos residenciales se ubiquen en zonas alejadas de los centros de trabajo y estudio, muchas veces con equipamientos y servicios insuficientes, que terminan por afectar la calidad de vida integral de los habitantes.
Por otro lado, la poca claridad en la toma de decisiones dentro de los gobiernos locales, para la adjudicación de la obra pública y la gestión del suelo, favorece a redes clientelistas y estimula la informalidad.
Finalmente, existe muy poca participación ciudadana en la toma de decisiones, producto de la desconfianza en los organismos públicos.
Entonces, ¿Cuáles serían los grandes retos del urbanismo para el Perú?
Las políticas públicas debieran orientarse a construir entornos urbanos y rurales que ofrezcan un soporte equilibrado, seguro y saludable para el íntegro desarrollo de las y los ciudadanos, en equilibrio con sus ecosistemas y el medio ambiente.
Todos debemos tener la libertad de elegir dónde vivimos, y si decidimos dejar nuestra casa no debiera ser porque no encontramos ese mínimo soporte que nos permita desarrollar nuestras habilidades y talentos para poder aspirar a un mejor futuro. Ese debiera ser el gran reto del Estado Peruano.
Para ello, se ha avanzado notablemente con la reciente promulgación de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, instrumento que le da marco y mayor soporte a los diversos reglamentos, ordenanzas e instrumentos orientados a la construcción de ciudades más justas y equilibradas, desde la planificación urbana, el financiamiento de las obras que dicho bienestar demanda, y la generación de viviendas de interés social.
El primer gran reto del gobierno entrante es reglamentar la Ley, y trabajar en su implementación, y utilizar las políticas para fortalecer el accionar del Ministerio de Vivienda, desde un enfoque nacional y descentralizado. Ello con el objetivo de cambiar el enfoque urbano costeño del Ministerio de Vivienda por uno territorial, trabajando en conjunto con los gobiernos regionales, provinciales y distritales para fortalecer sus capacidades técnicas.
Con esa base, se debe invertir en la planificación estratégica de nuestras ciudades y espacios habitados, mejorando la calidad de los equipamientos y servicios, y estimulando la densificación equilibrada para generar una amplia oferta de viviendas seguras, dignas y de calidad. De esa manera podremos dejar de pensar que la formalización es la solución, y pasar a trabajar en el mejor aprovechamiento del suelo urbano, estimulando la densificación, la transformación de grandes predios, y penalizando la retención de suelo ocioso. Así protegemos las zonas de valor ambiental, y reducimos las distancias y tiempos de viaje. Esto está en el espíritu de la Ley.
Un tema importante es el cómo financiamos las obras que necesitamos para vivir mejor. En ese sentido, el sistema nacional de inversión pública debiera tener a la planificación urbana como principal soporte y sustento, evitando de esa manera la generación de obras aisladas, y reduciendo significativamente los enormes gastos que demandan los procesos de preinversión. Asimismo, se deberían reglamentar los instrumentos de financiamiento urbano de la Ley para que la obra pública se financia con el incremento extraordinario de valor en el suelo que ella misma genera.
Es importante también que se frene la creación de nuevos distritos, dado que está demostrado que lejos de resolver los problemas que las y los ciudadanos padecemos, los agravan, pues los nuevos distritos no vienen con nuevos fondos, sino que es el mismo dinero el que se divide. Por lo contrario, debiéramos enfocarnos en el mejor gobierno, y para ello es muy importante que hagamos un esfuerzo en el mejoramiento del conocimiento de las ciudades. Ello lo podremos lograr mediante el aprovechamiento de la información que en las mismas ciudades se genera, e implementando catastros digitales. Así podremos tener una mejor atención al ciudadano, y un cobro más eficiente de los impuestos y arbitrios.
Finalmente, y no por ello menos importante, se debe involucrar a las ciudadanas y los ciudadanos para que participen activamente de la gobernanza, acompañando la implementación de los planes de desarrollo y la ejecución de la obra pública. De esta manera podemos juntos bloquear a los oportunistas, corruptos y mafiosos.
Vivienda para todos y todas.
Tenemos enormes retos para este centenario que se inicia con la juramentación de un nuevo gobierno en democracia, dependerá de nosotros poder sumar, y exigir a nuestros gobernantes que las diversas acciones del ejecutivo y legislativo estén orientadas en brindar el soporte para un mejor e integral desarrollo de nuestras capacidades y talentos, mediante la construcción de entornos urbanos y rurales más justos, sostenibles y saludables.
Nota: Este análisis y propuestas fueron trabajadas junto a un diverso equipo de urbanistas en el marco del programa INCIDE promovido por Sociedad BETA. La mesa de Ciudades fue dirigida por Mariana Alegre y Aldo Facho, y contó con la participación de Álvaro Espinoza, Fabiola Espinoza, Belén Desmaison, Natalie Gil, Humberto Martinez, Augusto Mendoza y Carlos Zeballos.
Por Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista.
